Nota del editor
Esta última parte ha sido muy incómoda de escribir, porque como español no puedo más que sentirme en deuda.
Durante décadas, la política española hacia el Sáhara Occidental se sostuvo sobre una fórmula tan cómoda como indecente: prometer sin solventar. Gobiernos de distinto color repitieron las mismas palabras, firmaron los mismos comunicados y mantuvieron las misma posición oficial, que no es otro que el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui conforme a las resoluciones de Naciones Unidas.
La fórmula funcionaba porque no exigía nada. Ni enfrentarse a Marruecos, ni cumplir referéndum ni asumir responsabilidades históricas.
Funcionó hasta que dejó de hacerlo.
El ritual de la promesa
Felipe González fue uno de los primero en pronunciar las palabras que marcarían toda una generación saharaui. En 1976, en los campamentos de Tinduf, prometió apoyo «hasta la victoria final». Años después, ya como presidente del Gobierno, España mantuvo una posición alineada con la ONU, pero sin mover un solo engranaje real para que el referéndum se celebrara.
No fue el único.
Gobiernos posteriores repitieron el gesto: declaraciones de apoyo, comunicados diplomáticos, equilibrios verbales. Ninguno impulsó de forma decisiva la autodeterminación. Ninguno asumió el coste político de incomodar a Marruecos. Todos heredaron el conflicto y todos decidieron no tocarlo.
No es una conspiración, es una continuidad.
El bloqueo como sistema
Desde 1991, el proceso del referéndum quedó atrapado en un bucle perfectamente conocido: Marruecos bloquea, La ONU media, España apoya «una solución justa y duradera», y el tiempo pasa. Décadas pasan.
España sabía (y sabe) que sin presión real sobre Marruecos el referéndum no iba a celebrarse. Sabía que la MINURSO carecía incluso de un mandato para vigilar derechos humanos. Sabía que la ocupación se consolidaba año tras año.
Y aún así mantuvo el discurso sin alterar los hechos. Pero no por ignorancia, sino por elección.
Estados Unidos: cuando el derecho internacional estorba a la geopolítica
Durante décadas, Estados Unidos sostuvo una posición oficialmente ambigua sobre el Sáhara Occidental. No reconocía la soberanía marroquí, pero tampoco movía un dedo para que el referéndum de autodeterminación llegara a celebrarse.
Pero, ¿qué pinta Estados Unidos en todo esto? Pues. como en casi todo, mucho,
Marruecos era un aliado estratégico del norte de África, y eso bastaba para que, aún siendo miembro de la ONU, se mostrara tan ambiguo en sus declaraciones.
Esa ambigüedad terminó en diciembre de 2020, cuando en uno de sus últimos actos como presidente, Donald «Risketo asesino» Trump reconoció oficialmente la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, algo que no había ni reconocido la UA (Unión Africana), que de hecho reconocía a Sáhara Occidental como miembro y país independiente. No fue un error diplomático ni una confusión geográfica, sino un intercambio político explícito con toda la intención: Marruecos normalizaba relaciones con Israel y, a cambio, Estados Unidos bendecía una ocupación que Naciones Unidas nunca ha reconocido como legal.
Por primera vez una gran potencia rompía abiertamente el consenso internacional sobre el Sáhara Occidental.
La administración Biden, pese a los discursos sobre multilateralismo y respeto al derecho internacional, no revocó esa decisión. El Sáhara había dejado de ser un problema jurídico y había pasado a ser un asunto cerrado por conveniencia.
Y ese gesto tuvo consecuencias. No jurídicas, pero sí políticas. A partir de 2020, Marruecos pasó a actuar con la certeza de contar con el respaldo implícito de la principal potencia mundial. Y cuando eso ocurre, el margen de presión internacional se evapora.
2022: cuando España cruza la línea
En marzo de 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez rompe la posición histórica del Estado español. En una carta dirigida al rey de Marruecos, España pasa a considerar el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental como «la base más seria, realista y creíble» para la resolución del conflicto.
Esto es un giro político explícito.
El plan marroquí no contempla la autodeterminación en los términos establecidos por la ONU. No incluye un referéndum libre con todas las opciones sobre la mesa. Ofrece autonomía bajo control marroquí. Aceptarlo como única vía supone renunciar de facto al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.
Dicho de otra manera: España sabía lo que hacía, y aún así decidió abandonar al pueblo saharaui a su suerte. A su mala suerte, si se me permite decirlo.
No es un error, es una decisión cobarde
El Gobierno justificó el cambio en nombre del «realismo político», la estabilidad regional y la relación con Marruecos. Y en esta última parte radica todo esto, porque lo único que perseguía es mejorar la diplomacia con Marruecos, pero a costa de los derechos del pueblo marroquí.
Porque España no reconoció formalmente la soberanía marroquí, pero validó su propuesta y deslegitimó cualquier alternativa que pasara por el referéndum.
Pedro Sánchez no necesitó discursos grandilocuentes. Una carta le bastó para enterrar décadas de compromiso formal con el derecho a decidir. Pero no nos equivoquemos, esto no va de colores políticos; Pedro Sánchez hizo una renuncia consciente, sin debate público ni votación parlamentaria, pero PP y Vox votaron junto a PSOE para rechazar volver a defender la autodeterminación.
Eso no es pragmatismo, es cobardía política.
La verdad, aunque moleste
Hoy, el Sáhara Occidental sigue siendo, para Naciones Unidas, un territorio pendiente de descolonización. El derecho a la autodeterminación sigue vigente. El referéndum no ha sido sustituido legalmente por ninguna alternativa avalada internacionalmente.
Lo que ha cambiado es la voluntad política española. Pero España no puede fingir que esto es un problema ajeno, porque fue potencia colonial, porque prometió un referéndum, porque permitió una ocupación, y porque, finalmente, decidió huir cobardemente cuando todavía tenía voz.
No hay épica en esta historia. No hay tragedia inevitable.
Prometer y no cumplir. Esperar y no actuar. Y, al final, renunciar.
El pueblo saharaui no ha perdido su derecho, se lo han ido robando a plazos.
Y España, que pudo ser parte de la solución, eligió ser, una vez más, parte del problema. No por ignorancia; no por presión irresistible. Sino porque, llegado el momento, ha resultado más cómo traicionar que cumplir.
España sigue teniendo una deuda con el pueblo saharaui, y está en la obligación moral (y jurídica) de solucionarlo.
¿Qué crees que debería de hacer España con el Sáhara Occidental? ¿Ha hecho todo lo que está en su mano?
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